El pleno del Congreso de España rechazó este viernes los dos decretos propuestos por el gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda en el país. La negativa se dio por los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los catalanes de Junts.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había defendido las medidas ante los parlamentarios, e incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tomó la palabra, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Primero se votó un decreto que, entre otros puntos, imponía medidas a los alquileres por temporada, bonificaba a propietarios que redujeran rentas y suspendía los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Este fue rechazado por 178 votos contra 172.
"¡Vergüenza, vergüenza!", lanzaron al conocer el resultado las miles de personas que se agolpaban alrededor del Congreso, entre llamados a la "huelga general".
Luego fue rechazado, con 166 votos a favor y 184 en contra, el decreto que introducía la renovación automática de los contratos de alquiler. La medida alcanzó a estar en vigor apenas 16 horas, tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este caso, votaron a favor el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euskal Herria Bildu, Podemos, Coalició Compromís y Bloque Nacionalista Galego (BNG), mientras en contra lo hicieron el Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).
Peores condiciones
Durante el debate, Bustinduy acusó al bloque del "no" de defender el interés de una "oligarquía rentista" y de dar "la espalda al pueblo".
"Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña", pero "votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo, y yo les digo que no están calibrando lo que están haciendo", señaló.
El ministro pidió a los diputados críticos, a los que calificó de "vendepatrias", que revelen públicamente con quién se han reunido y quién les ha llamado en las últimas semanas, y denunció una campaña del terror por parte de los lobbies inmobiliarios.
En nombre del PP, en tanto, el diputado Sergio Sayas acusó al Ejecutivo de tratar de "cargarse la seguridad jurídica" y de enfrentar a "inquilinos con propietarios y al mercado con regulación" como si pudieran subsistir los unos sin los otros.
Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón lamentaron que los decretos no fueran convalidados por el Parlamento, asegurando que la decisión es un "claro revés" para el derecho a la vivienda en España y condena a millones de personas a vivir en peores condiciones.
Lo sucedido multiplica las voces que piden adelantar las elecciones generales en el país, y el mismo gobierno español señaló que, tras los resultados obtenidos esta jornada, está abierto a todas las opciones.